Posteado por: cantabriaeolicaracional | 14 febrero 2011

CORE considera que el informe del defensor del pueblo y la sentencia sobre el bitrasvase ponen en evidencia la fragilidad legal del Plan Eólico

El contundente informe del defensor del pueblo desarma la “coartada ambiental” del Gobierno de Cantabria respecto al “Plan” Eólico

En las últimas semanas se han producido dos acontecimientos que no dejan lugar a dudas sobre las debilidades e incongruencias del Plan Eólico que promueve el Gobierno de Cantabria. El primero de ellos ha sido el exhaustivo y contundente informe del Defensor del Pueblo que directamente cuestiona toda la tramitación del plan. Y el segundo acontecimiento ha sido la sentencia de la Audiencia Nacional anulando el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental seguido por el Gobierno Regional para las obras del bitrasvase. En ambos casos órganos externos a la administración ponen en evidencia los procedimientos arbitrarios para tramitar grandes proyectos.

 A juicio de CORE, el Plan Eólico de Cantabria va camino de convertirse en otro caso de estudio en las escuelas jurídicas de derecho ambiental, acerca de cómo no debe tramitarse un plan.

El Defensor del Pueblo pone sobre la mesa las importantes incongruencias del Plan Eólico, y sobretodo pone de manifiesto la inutilidad del estudio de la Universidad, ya que reconoce que ni los promotores ni la administración van a seguir ninguna de sus recomendaciones, con lo que queda al descubierto la coartada ambiental que el Gobierno esgrime para defender su Plan Eólico. En palabras del Defensor del Pueblo: “Desde nuestro punto de vista lo lógico hubiera sido que el Estudio de la Universidad de Cantabria y sus consecuencias respecto a la zonificación y la asignación de la potencia hubieran sido parte esencial de la nueva planificación energética”.

Además,  el defensor del pueblo advierte del fraude de ley que se comete al no someter el plan a una evaluación estratégica ambiental tal y como establece la Ley 9/2006 de evaluación de planes y programas ya que considera que el Plan Eólico está sometido a esta norma. Por último, CORE advierte a las empresas adjudicatarios del concurso eólico, que sus proyectos carecen de cobertura legal y que si se tramitan las evaluaciones ambientales por separado estarán incurriendo en un fraude de Ley.

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Responses

  1. Este proceso es un chanchullo detrás de otro. El propio Gobierno se hace trampas a si mismo. Quién debería ser el árbitro, juega con la camiseta de los promotores. Ojala el Defensor del Pueblo o alguna instancia judicial ponga coto a este proyecto de vandalismo y pillaje eólico.


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